La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fue sede de una jornada dedicada al uso de la inteligencia artificial (IA) en la Justicia. La actividad se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en General Roca, y reunió a profesionales del derecho, docentes y estudiantes. El eje del encuentro fue analizar cómo estas tecnologías pueden incorporarse al trabajo judicial sin perder de vista los límites éticos, la transparencia y la protección de derechos.
La jornada estuvo organizada por la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro junto al Colegio de Abogadas y Abogados de General Roca. La propuesta buscó acercar herramientas técnicas a un ámbito que ya empieza a convivir con sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información, redactar textos, ordenar datos y asistir en tareas jurídicas. El debate no se centró solo en qué puede hacer la inteligencia artificial, sino también en qué condiciones debe usarse cuando sus resultados pueden influir en decisiones sensibles para las personas.
La Justicia argentina y una modernización responsable ante una adopción inminente de la IA
Durante la capacitación se abordaron los fundamentos de la inteligencia artificial y su evolución hacia la IA generativa. Esta tecnología permite producir textos, resúmenes, respuestas o documentos a partir de instrucciones escritas por el usuario. En el ámbito jurídico, puede servir para revisar antecedentes, buscar patrones en expedientes, ordenar jurisprudencia, asistir en la redacción de borradores o acelerar tareas administrativas. También se trabajó sobre el prompting, la forma de dar instrucciones claras a una plataforma para obtener respuestas más útiles, precisas y controlables. En este punto, la capacitación hizo foco en que una respuesta generada por IA no debe tomarse como una verdad automática. Debe ser verificada, contextualizada y evaluada por personas con responsabilidad profesional.
El uso de IA en la Justicia abre oportunidades, pero también riesgos. Puede ayudar a reducir tiempos, mejorar la organización de la información y hacer más eficiente el trabajo cotidiano de tribunales, estudios jurídicos y organismos públicos. Sin embargo, también puede reproducir errores, inventar datos, arrastrar sesgos presentes en la información con la que fue entrenada o producir respuestas difíciles de explicar. Por eso, el debate está ligado a una discusión institucional: quién controla estas herramientas, cómo se auditan sus resultados, qué datos se cargan en las plataformas y qué responsabilidad tiene una persona cuando usa IA en una tarea judicial.
La jornada en la UNCo muestra que el debate dejó de ser abstracto. La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo profesional, también en áreas sensibles como el derecho. La pregunta central no es si la Justicia va a usar estas herramientas, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué nivel de formación para quienes las apliquen.
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