En noviembre de 2025, el Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. La empresa es la operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, tres instalaciones estratégicas para la generación eléctrica del país. El esquema oficial prevé la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que hasta un 5% quedaría reservado para un Programa de Propiedad Participada (PPP) destinado a trabajadores. El 51% restante continuaría bajo control estatal, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
A marzo de 2026, el proceso estaba formalmente iniciado, pero todavía no ejecutado. Desde entonces, no se registraron avances oficiales sustantivos que modifiquen ese estado. La privatización sigue en etapa preparatoria, sin pliego publicado, sin cronograma de presentación de ofertas, sin adjudicación y sin transferencia efectiva de acciones.
La Resolución 1751/2025 encomendó la realización del inventario de bienes, la valuación del paquete accionario y la elaboración de la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual. Por ahora, el llamado a licitación con pliego aprobado depende de nuevos actos administrativos.
¿Qué estableció la Ley Bases?
La privatización parte del artículo 8 de la Ley Bases, Ley 27.742, que declaró a Nucleoeléctrica sujeta a privatización, aunque con límites específicos. La norma habilita la incorporación de capital privado y la organización de un Programa de Propiedad Participada, pero exige que el Estado nacional mantenga el control o la participación mayoritaria en el capital social.
Además, el Estado debe conservar poder de decisión sobre cuestiones críticas. Entre ellas, la ampliación de capacidad de una central existente, la construcción de una nueva central nuclear, la salida de servicio por motivos no técnicos y la incorporación de accionistas que pudieran obtener el control societario. En otras palabras, el proyecto permite abrir parte del capital, pero no desprenderse del mando sobre las decisiones estratégicas del sector.
El procedimiento quedó autorizado por el Decreto 695/2025, que justificó la privatización parcial en la necesidad de obtener financiamiento para proyectos de gran escala. Entre ellos, se mencionan la Extensión de Vida de Atucha I, actualmente en desarrollo, y el almacenamiento en seco de combustibles gastados asociado a la continuidad operativa de Atucha II.
¿En qué etapa está la gestión?
Luego de la autorización, la Resolución 1751/2025, publicada en noviembre de 2025, dio inicio formal al proceso y distribuyó las tareas administrativas. La Secretaría de Energía debe realizar el inventario de bienes tangibles e intangibles que impacten sobre el valor de las acciones, además de elaborar y tramitar la documentación necesaria para la privatización.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, por su parte, debe coordinar las acciones restantes y solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación del paquete accionario. La resolución fijó un plazo de hasta 12 meses desde su entrada en vigencia para coordinar el proceso, lo que ubica la ventana administrativa hasta noviembre de 2026.
Por ahora, entonces, el proceso está iniciado, pero no materializado. Para que la privatización avance, todavía falta la publicación del pliego, la apertura de consultas, la presentación de ofertas, la adjudicación y la transferencia efectiva de las acciones. En particular, el pliego será el punto de control, donde se verá si el Estado preserva el valor de la compañía, si fija obligaciones concretas para los nuevos accionistas y si garantiza que el cambio accionario no afecte la inversión, la operación ni los estándares técnicos y de seguridad de una empresa clave para el sistema energético argentino.
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