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Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados reclama precisiones sobre el proceso licitatorio, la valoración de los activos tecnológicos, el acceso a información nuclear sensible y las facultades que podría obtener el futuro accionista privado sobre la privatización de la empresa nacional Nucleoeléctrica.
Un nuevo proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados volvió a poner bajo revisión el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo que informe en qué etapa se encuentra la licitación, quién está realizando la valuación de la compañía y qué mecanismos se aplicarán para proteger sus activos estratégicos. El planteo se concentra especialmente en las condiciones bajo las cuales se ofrecería al sector privado el 44% de las acciones de la empresa, que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La privatización de Nucleoeléctrica y el nuevo pedido de información
El Gobierno nacional inició formalmente el proceso en noviembre de 2025, mediante el Decreto 695/2025 y la Resolución 1751/2025. El esquema establece que el Estado conservará el 51% del capital, que hasta un 5% podrá quedar en manos de los trabajadores mediante un Programa de Propiedad Participada y que el 44% restante será ofrecido mediante una licitación pública nacional e internacional.
Sin embargo, hasta fines de junio, no se había publicado el pliego, el cronograma de ofertas ni la documentación definitiva de la operación. El nuevo expediente, identificado como 3248-D-2026 y presentado a principios de julio por la diputada Agustina Propato, constituye un pedido de información que todavía debe tratarse en la Cámara.
Uno de los puntos centrales es la forma en que se calculará el valor económico de Nucleoeléctrica. El proyecto solicita conocer si se realizó un inventario integral y si la valuación incluirá no solamente las centrales, edificios, equipos e infraestructura, sino también activos intangibles como los conocimientos tecnológicos acumulados, la ingeniería desarrollada, la propiedad intelectual, las licencias regulatorias, los sistemas de gestión, la documentación técnica, el capital humano especializado y la red nacional de proveedores calificados. Estos elementos son difíciles de valorar porque no tienen un precio de mercado, pero resultan indispensables para operar una central nuclear de manera segura y continua.
También se pide informar si intervendrá el Tribunal de Tasaciones de la Nación, como establece la Ley 21.626, o si el trabajo quedará a cargo de bancos públicos como el BICE o el Banco Nación; qué metodología se utilizará; quiénes integrarán el equipo técnico; si habrá auditorías independientes; y cómo se protegerá la información confidencial.
El pedido agrega que la empresa debería ser considerada como una unidad operativa en funcionamiento, el criterio conocido como going concern, y no como una simple suma de instalaciones y equipos separados.
Otro eje es el poder que podría obtener el futuro inversor pese a que el Estado mantenga formalmente la mayoría accionaria. Una participación del 44% podría convertirse, según el estatuto y las mayorías exigidas para cada decisión, en una minoría con capacidad de bloquear modificaciones societarias, aumentos de capital, reorganizaciones o cambios en el objeto de la empresa. Por ese motivo, el proyecto consulta cómo quedaría integrado el directorio, si se firmará un acuerdo de accionistas y si el privado contará con derechos de veto, cláusulas especiales de protección o mecanismos de resolución de controversias ante tribunales internacionales.
También reclama precisiones sobre el eventual acceso del inversor a información vinculada con la ingeniería nuclear, el ciclo del combustible, la infraestructura crítica y otras tecnologías sensibles. En paralelo, pregunta si se les ha consultado a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) sobre los efectos que el ingreso de capital privado podría tener sobre las licencias, la seguridad nuclear y la operación de las centrales.
La continuidad del ecosistema nuclear de potencia
La iniciativa también pide conocer si el pliego establecerá inversiones obligatorias para la extensión de vida de las centrales, el desarrollo de nuevas instalaciones y la continuidad de proyectos tecnológicos nacionales, junto con indicadores de cumplimiento, sanciones y mecanismos de recompra o reversión ante posibles incumplimientos.
A esto se suman consultas sobre eventuales reducciones de personal, la experiencia técnica que deberán acreditar los oferentes, el impacto económico sobre Zárate, los efectos sobre el costo de la generación nuclear y la participación de Nucleoeléctrica como fuente de energía de base dentro del Sistema Argentino de Interconexión.
Finalmente, se solicita que la SIGEN y la Auditoría General de la Nación evalúen la legalidad, transparencia y razonabilidad de la operación, especialmente frente al riesgo de que la empresa sea vendida por debajo del valor real de sus capacidades materiales y tecnológicas.
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