El Gobierno nacional anunció la reactivación de las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, luego de que ENARSA acordara con las contratistas una salida para destrabar reclamos que llevaban años frenando el proyecto. La decisión apunta a ordenar un emprendimiento estratégico que había quedado paralizado. Las obras comenzarán en la represa Jorge Cepernic, que hoy es la más avanzada del complejo.
Según el comunicado oficial, el entendimiento busca resolver controversias acumuladas por incumplimientos contractuales y por la falta de redeterminaciones de precios desde 2016. Esa situación derivó en reclamos de la contratista por más de US$ 700 millones. En paralelo, el proyecto ya ejecutó U$D 1.800 millones, pero todavía necesita otros US$ 5.000 millones para completarse. Las obras habían sido licitadas en 2013 y originalmente debían estar terminadas en 2023.
Las represas del río Santa Cruz
La reactivación comenzará por Jorge Cepernic, la central de menor tamaño, pero también la que presenta el mayor grado de avance, con un 46% de ejecución. Se trata de una obra pensada para sumar generación eléctrica estable al sistema nacional a partir de una fuente renovable como la hidráulica. Si se cumple el nuevo cronograma, podría finalizarse en 2030 y aportar 1.860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, con una potencia instalada de 360 MW.
El complejo sobre el río Santa Cruz incluye dos represas, la Néstor Kirchner y la Jorge Cepernic. De acuerdo con información oficial del proyecto, ambas se ubican en distintos tramos del río y forman parte de uno de los desarrollos hidroeléctricos más ambiciosos del país. La obra fue concebida para aprovechar el potencial de un río de origen glaciario, cuyo caudal presenta una regulación natural particular por su conexión con el lago Argentino.
Un proyecto con muchos contratiempos
El historial del proyecto viene atravesado por demoras, revisiones y controversias. Ya en 2017, cuando el gobierno volvió a aprobar la construcción tras audiencias públicas y evaluaciones exigidas por la Corte Suprema, se proyectaba que las dos represas juntas aportarían 1.310 MW de capacidad instalada y una generación media anual de 5.171 GWh. Estos números equivalen a cerca del 5% de la demanda eléctrica argentina de ese momento.
Con este nuevo acuerdo, Argentina quiere darle continuidad a una obra que arrastra más de una década de idas y vueltas y que puede cambiar el tablero energético del país.
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