En noviembre de 2025, el Gobierno nacional dio inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. La compañía, generadora de energía eléctrica, es la operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El Ministerio de Economía estableció la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, con la reserva de un 5% para un Programa de Propiedad Participada (PPP) destinado a empleados. El 51% restante quedará en manos del Estado nacional, con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como responsables.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de preparación. La Resolución 1751/2025 encomendó la realización del inventario de bienes, la valuación del paquete accionario y la elaboración del pliego. El llamado a licitación con pliego aprobado y calendario de presentación de ofertas aún depende de actos administrativos posteriores.
¿Qué es lo que estableció la Ley Bases?
La privatización parte del artículo 8 de la Ley Bases (Ley 27.742), que declaró a Nucleoeléctrica sujeta a privatización, pero con restricciones. Allí, permite un PPP, y la incorporación de capital privado siempre que el Estado conserve la mayoría de la compañía. Además, exige el voto estatal para decisiones críticas, como las modificaciones de capacidad, la construcción de una nueva central, o incluso permitir que un accionista privado obtenga control societario.
El procedimiento quedó autorizado por el Decreto 695/2025, que justifica la privatización en que Nucleoeléctrica requiere financiamiento para proyectos de gran envergadura. Entre ellos, se menciona la Extensión de Vida de Atucha I, actualmente en curso, y el almacenamiento en seco para combustibles gastados asociado a la continuidad operativa de Atucha II.
¿Dónde está trabada la gestión?
Después de la autorización, la Resolución 1751/2025, publicada en noviembre de 2025, dio inicia al proceso y repartió las tareas. Allí, se instruye a la Secretaría de Energía a hacer el inventario de bienes y a elaborar la documentación necesaria. También ordena pedir a una entidad bancaria pública la valuación del paquete accionario.
Además, la resolución manda coordinar la privatización en no más de 12 meses desde su entrada en vigencia. Esto es, con una ventana que corre hasta noviembre de 2026.
Por ahora, el proceso está iniciado, pero no ejecutado. Para que la privatización se materialice, todavía falta la publicación del pliego, la apertura de consultas, la presentación de ofertas y la adjudicación.
Con ese calendario por delante, el debate pasa por dos preguntas fundamentales: cuánto vale Nucleoeléctrica y qué se exige a cambio de abrir el capital. Tanto en 2024 como en 2025, la generación nuclear registró récords históricos, con 10.449.015 MWh y 10.760.572 MWh, respectivamente. Si el activo viene rindiendo, la privatización necesita demostrar por qué agrega valor y no quedar como una mera decisión ideológica. El pliego será el punto de control, donde se verá si el Estado preserva el valor de la compañía y fija obligaciones para que el cambio accionario impacte lo menos posible en inversión, operación y estándares.
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