El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes, mediante el Decreto 695/2025, la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida se enmarca en la Ley de Bases 27.742 y en el plan de reforma del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir el déficit fiscal y ampliar la participación privada en sectores estratégicos.
El decreto establece que el 44% de las acciones de la compañía será ofrecido mediante licitación pública nacional e internacional. Mientras tanto, el 5% del capital social se destinará a un Programa de Propiedad Participada para trabajadores de la empresa, según prevé la normativa vigente.
De esta manera, el Estado Nacional conservará el 51% del paquete accionario, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), manteniendo la participación mayoritaria en la compañía.
Nucleoeléctrica Argentina alcanzó en 2024 un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%. Estas cifras la ubican dentro de los estándares internacionales de seguridad y desempeño técnico.
Argumentos oficiales y próximos pasos
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que la gestión estatal “no ha dado los resultados esperados” en términos de eficiencia y rentabilidad. Además, recuerda que NASA recibió en 2023 transferencias de capital por $ 700 millones para financiar sus proyectos de inversión.
El Ejecutivo argumenta que la incorporación de capital privado es “imprescindible para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva” y para garantizar el financiamiento de obras clave, como la Extensión de Vida de Atucha I, cuyo retorno al sistema está previsto para 2027, y el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados II (ASECG II), necesario para la operación de Atucha II.
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será la autoridad encargada de implementar la privatización. Además, el proceso deberá informarse a la Comisión Bicameral del Congreso, tal como establece la Ley de Reforma del Estado 23.696.
La licitación se lanzará en los próximos meses, en un escenario donde se redefine el papel del Estado en energía y en la política nuclear.
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