El Gobierno Nacional acaba de aprobar, recién en septiembre y a tres meses de que termine el año, el presupuesto 2026 de VENG, la empresa aeroespacial argentina responsable del programa Tronador y de otros proyectos del sector espacial. La compañía prevé obtener durante 2026 $21.547 millones por sus operaciones y afrontar gastos por aproximadamente $21.411 millones, mientras que el resultado financiero total proyectado para el cierre del año será positivo en unos $1.000 millones. La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el 9 de septiembre y publicada este viernes 11 en el Boletín Oficial. Lo más llamativo de la decisión es el momento: la legislación establece que los presupuestos de las empresas públicas deben aprobarse antes del 31 de diciembre del año anterior al que corresponden.
La aprobación tardía no significa que VENG haya dejado de funcionar entre enero y septiembre, fundamentalmente porque, como sociedad anónima controlada por el Estado, la empresa desarrolla actividades y genera ingresos propios. Sin embargo, sí condicionó seriamente su capacidad de planificación y ejecución durante la mayor parte del año.
La falta de un presupuesto introduce incertidumbre sobre recursos, inversiones y continuidad de proyectos, y además restringe aportes, transferencias y operaciones de crédito dentro del sector público. La Ley 24.156 establece que el presupuesto debía estar aprobado antes del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, VENG llegó a septiembre de 2026 sin ese marco formal, una demora especialmente relevante para una empresa que sostiene proyectos tecnológicos de largo plazo y alta dependencia de financiamiento estatal.
¿Qué incluye el presupuesto y qué implica su aprobación tardía?
El presupuesto aprobado permite dimensionar la escala prevista para las operaciones de VENG durante 2026. La empresa calcula $21.547,1 millones de ingresos operativos, provenientes de las actividades y servicios que desarrolla, frente a $21.411 millones de gastos operativos destinados a sostener su funcionamiento, incluyendo personal, servicios, materiales y trabajos de ingeniería, fabricación, integración, ensayos y operaciones.
La diferencia entre ambos conceptos deja una ganancia operativa proyectada de apenas $136 millones. Al incorporar otros gastos corrientes, ese margen se reduce a unos $95 millones y, con otros $905 millones contabilizados como recursos de capital, el resultado financiero total previsto alcanza los $1.000,3 millones positivos. Esto no significa que VENG vaya a obtener $1.000 millones de ganancia comercial, sino que el conjunto de recursos presupuestados superaría en esa cantidad a los gastos previstos para el año.
Más relevante que el resultado final es el hecho de que esta planificación fue aprobada cuando ya habían transcurrido nueve meses del ejercicio que debía ordenar. La demora no constituye una simple irregularidad administrativa: la Ley de Administración Financiera establece restricciones para realizar aportes o transferencias desde otros organismos del sector público hacia empresas que no cuenten con su presupuesto aprobado, y también condiciona determinadas operaciones de crédito público.
Para una compañía dedicada a proyectos espaciales, cuyos desarrollos requieren inversiones sostenidas, contrataciones de largo plazo, compra de componentes y continuidad técnica, operar durante la mayor parte del año sin ese marco aprobado reduce previsibilidad y dificulta la programación de actividades y nuevas inversiones.
El atraso resulta todavía más significativo porque no se trata de un episodio aislado. El presupuesto de 2025 también se aprobó fuera de término, el 17 de marzo de ese año. Este año, la demora se extendió hasta septiembre y VENG atravesó todo este período sin saber cuál sería la planificación económica que debía regir desde enero. La resolución finalmente se aprueba cuando la mayoría de las decisiones y actividades que debía ordenar ya tuvieron que ser ejecutadas o postergadas.
La situación crítica del programa Tronador
La situación adquiere especial relevancia por el lugar que ocupa VENG dentro del programa espacial argentino. La compañía es el contratista principal del programa Tronador, con el que Argentina busca desde hace años desarrollar un cohete propio, y concentra capacidades de ingeniería, fabricación, integración y ensayos necesarias para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, en este caso las consecuencias de la falta de continuidad presupuestaria ya dejaron de ser un riesgo potencial.
A fines de 2025, el programa Tronador ya se encontraba prácticamente detenido por falta de financiamiento, con una continuidad mínima concentrada en algunos desarrollos críticos, como los motores. En diciembre de ese año renunció gran parte del equipo de propulsión, uno de los núcleos técnicos más importantes del proyecto. Meses después, fuentes vinculadas directamente a VENG explicaron que esas salidas se dieron luego de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología comunicara que el programa había dejado de ser una prioridad y que ya no recibiría financiamiento para continuar. El proyecto no se canceló formalmente, pero quedó suspendido y perdió el personal altamente especializado que se encargaba de desarrollar los sistemas que constituyen «el corazón del cohete».
El presupuesto aprobado este viernes, lejos revertir esa situación, refuerza el escenario de paralización que arrastra el programa desde 2025. Los $21.547 millones previstos corresponden al conjunto de las actividades de VENG, que además participa de la operación de los satélites argentinos SAOCOM, desarrolla sistemas electrónicos y mecánicos y presta servicios de segmento terreno. La resolución tampoco desagrega cuánto de esos recursos se destinará al programa Tronador ni contempla una partida que permita anticipar una reactivación del lanzador.
A fines de 2025, el Presupuesto Nacional 2026 había asignado alrededor de $1.271 millones al programa de acceso al espacio, una cifra ya muy limitada para sostener un desarrollo tecnológico de esta escala más allá de una actividad mínima. A eso se suma que ya transcurrió la mayor parte del 2026 sin que esos recursos se ejecutaran, por lo que el proyecto sigue sin nuevos contratos, un cronograma de trabajo ni medidas concretas para reactivar las actividades.
La aprobación tardía del presupuesto general de VENG regulariza finalmente el marco financiero de la empresa, pero no modifica la situación del Tronador ni ofrece indicios de que el Estado haya decidido retomar su financiamiento sostenido.
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