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El Gobierno argentino de Javier Milei dio un paso decisivo en la reconfiguración estructural de su matriz energética nuclear al habilitar formalmente los mecanismos legales para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y abrir las puertas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al capital privado. A través de la Ley Bases y un nuevo procedimiento digital unificado, las corporaciones nacionales e internacionales quedan facultadas para auditar, inspeccionar e intervenir en el desarrollo del ecosistema atómico del país. Esta medida representa un viraje histórico en la gestión de la infraestructura científica y tecnológica de la República Argentina, permitiendo al sector privado proponer modelos de negocio en áreas que tradicionalmente se mantuvieron bajo el control e inversión exclusiva del Estado.
Desinversión estatal en Nucleoeléctrica Argentina y el límite del control accionario
El Gobierno nacional avanzó firmemente en el diseño operativo para transferir al sector privado hasta el 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la sociedad anónima de capital estatal que actualmente gestiona las tres centrales atómicas operativas en el territorio nacional: Atucha I, Atucha II y Embalse. El esquema financiero, estructurado en consonancia con el artículo 8 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742), impone una restricción técnica por la cual el Estado Nacional debe retener la titularidad de, al menos, el 51% del capital social con derecho a voto. El restante 5% del paquete se prevé canalizar a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP) destinado a los trabajadores de la firma, preservando así las salvaguardas legales básicas de fiscalización.
Desde el punto de vista financiero, la decisión ha despertado intensos debates en la comunidad técnica, dado que NA-SA no es una compañía deficitaria; por el contrario, los balances contables oficiales del primer trimestre arrojaron un superávit operativo neto de US$17.234 millones de pesos. Las tres centrales nucleares en funcionamiento aportan de manera conjunta cerca del 7% de la energía eléctrica total que abastece al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además de la comercialización de la energía,la privatización parcial contempla que el operador privado deba asumir compromisos de inversión de capital estimados en US$ 700 millones de pesos, fondos que se consideran indispensables para financiar la extensión de vida útil de los reactores y concluir la infraestructura de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG) en Atucha II.
El nuevo trámite digital de «Acceso Preliminar» en la plataforma gubernamental
Como complemento procedimental para canalizar el interés de los mercados de capitales, se ha implementado el trámite oficial denominado «Solicitud de acceso preliminar para la eventual presentación de iniciativas privadas». Este mecanismo administrativo se gestiona de forma estrictamente digital a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), utilizando el canal de la “Mesa de Entradas Virtual de la CNEA”. Los requirentes corporativos deben autenticarse, asegurando que solo los apoderados legales con potestades certificadas ante el organismo tributario puedan iniciar el proceso de postulación y visualización de expedientes.
El marco regulatorio que rige esta presentación digital se fundamenta en un compendio normativo jerárquico que incluye la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, el Decreto N° 713/2024 (Régimen de Iniciativa Privada) y la Resolución RESOL-2025-11-APN-MEC, que dio origen a la Base de Iniciativas Privadas. Si bien la tramitación inicial del formulario y la carga tienen un carácter totalmente gratuito, la normativa aclara explícitamente que la autorización concedida no genera derecho de indemnización alguno ni obliga al Estado, o a la CNEA, a absorber costos operativos, pólizas de seguros, viáticos o apoyos logísticos especiales derivados de las tareas de inspección que decida ejecutar el consorcio interesado.
Apertura de activos y auditorías de infraestructura científica y tecnológica
La disposición interna emitida por la CNEA bajo este nuevo marco procedimental habilita de forma inédita la apertura para inspección técnica de un vasto catálogo patrimonial y tecnológico bajo su custodia directa. Las corporaciones privadas locales y extranjeras que superen el filtro administrativo de la plataforma digital obtienen la facultad jurídica de requerir acceso a cualquier bien, recurso, derecho, equipamiento o instalación del organismo. Esto abarca desde complejos mineros y yacimientos de uranio hasta plantas de procesamiento avanzado, laboratorios de investigación y la valiosa documentación técnica asociada a los antecedentes operativos de las últimas décadas en el país.
Este protocolo de apertura física y documental cobró relevancia internacional inmediata tras la visita técnica efectuada por delegaciones de funcionarios de energía y misiones comerciales de los Estados Unidos a las instalaciones neurálgicas de la CNEA, incluyendo el Centro Atómico Constituyentes, el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Bariloche. El acceso de tecnólogos y auditores externos se realiza bajo el estricto cumplimiento de protocolos de confidencialidad enmarcados en la Ley N° 24.766, y exige una compleja articulación con los estándares de seguridad radiológica, protección física de materiales nucleares e higiene industrial dictados por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y la Ley N° 24.804 de la Actividad Nuclear.
El futuro de los proyectos bandera: CAREM y los contratos internacionales
La implementación de este esquema de iniciativas privadas se produce en un escenario de profunda reconfiguración para los proyectos de desarrollo tecnológico autóctono que lideraba la CNEA. El caso más paradigmático es el del reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), el primer reactor de potencia de diseño 100% nacional, cuya obra civil y desarrollo metalúrgico de alta complejidad se encuentran ralentizados debido a las reasignaciones presupuestarias del Tesoro Nacional. Los defensores del proyecto advierten que la paralización de fondos compromete la ventaja estratégica del país en un mercado global proyectado en miles de millones de dólares para la próxima década.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la situación del reactor multipropósito RA-10, uno de los proyectos más relevantes del sector nuclear argentino. El ingeniero electricista especializado en gestión de la energía Nicolás Malinovsky advirtió que el nuevo procedimiento “habilita la venta de los activos más importantes que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica”. El reactor RA-10 es considerado estratégico por su potencial para producir radioisótopos utilizados en medicina nuclear, investigación científica y aplicaciones industriales, además de posicionar a la Argentina como proveedor regional de este tipo de insumos. También aparecen bajo observación áreas vinculadas a la extracción de uranio y otros desarrollos tecnológicos ligados al ecosistema nuclear argentino.
Paralelamente, la parálisis afecta las negociaciones e infraestructuras vinculadas a los acuerdos previos con la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) para la construcción de una cuarta central nuclear de tecnología Hualong One (Atucha III). La decisión política de suspender los esquemas de financiamiento directo provenientes de Beijing abre la ventana de oportunidad para que, mediante las solicitudes de iniciativa privada contempladas en el régimen vigente, consorcios occidentales presenten propuestas alternativas de suministro de reactores basados en agua ligera y uranio enriquecido. Esta transición tecnológica implicaría modificar los lineamientos históricos de la matriz nuclear argentina, históricamente orientada al uranio natural y agua pesada, alterando el modelo de autonomía de combustibles desarrollado soberanamente por los científicos locales.
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