La administración de Donald Trump anunció un acuerdo sin precedentes para reimpulsar la energía nuclear en Estados Unidos, que prevé financiar y facilitar permisos para la construcción de nuevos reactores de Westinghouse Electric Company, por un valor estimado de US$ 80.000 millones. El convenio, que involucra a las firmas Cameco Corporation y Brookfield Asset Management, propietarias de Westinghouse, establece un esquema inédito de participación estatal en las ganancias futuras del sector privado.
Según el acuerdo, el gobierno estadounidense gestionará líneas de crédito, permisos y aprobaciones regulatorias para los nuevos reactores. A cambio, obtendrá el 20% de las utilidades futuras y podría quedarse con una participación accionaria equivalente si la empresa supera los US$ 30.000 millones de valuación hacia 2029.
El anuncio representa la apuesta más ambiciosa del país por la energía atómica en décadas y se inscribe en la estrategia oficial de ampliar la capacidad energética ante el crecimiento de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. Sin embargo, especialistas en seguridad y exfuncionarios regulatorios advierten que los incentivos económicos y la participación directa del Estado podrían debilitar la independencia del control nuclear.
Riesgos y antecedentes
Para los críticos, la estructura del acuerdo plantea un gran dilema. ¿Puede un gobierno que participa de las ganancias ejercer un control técnico y ambiental imparcial? Greg Jaczko, expresidente de la Nuclear Regulatory Commission (NRC), recordó los antecedentes más graves de la industria: Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima Daiichi. “En todos los casos hubo fallas ligadas a una insuficiente independencia regulatoria”, advirtió.
La Casa Blanca rechazó esas preocupaciones en un comunicado oficial. “El régimen regulatorio sigue siendo el mismo y no está comprometido. No hay nada en el acuerdo que modifique la normativa vigente”.
Pero la desconfianza persiste. Edwin Lyman, físico de la organización Union of Concerned Scientists, señaló que si el Ejecutivo llegara a influir sobre la NRC para acelerar licencias, “el organismo podría convertirse en una herramienta política para aprobar proyectos preferenciales, sin una evaluación técnica real de los riesgos”.
Las lecciones del pasado
Westinghouse aún arrastra las consecuencias de su último proyecto nuclear en territorio estadounidense, la construcción de dos reactores en la planta Vogtle, en Georgia. La obra acumuló siete años de demora y un costo final cercano a US$ 35.000 millones, más del doble de lo presupuestado. Esa crisis llevó a la compañía a declararse en bancarrota en 2017.
Además, el modelo AP1000, que la empresa prevé reutilizar en los nuevos desarrollos, presentó dificultades durante su fabricación modular. Varias piezas llegaron con dimensiones incorrectas, generando demoras y sobrecostos. Los reactores de este tipo se construyen a partir de componentes prefabricados que luego se ensamblan en sitio, una técnica que promete reducir tiempos. Sin embargo, en la práctica ha mostrado vulnerabilidades en la coordinación industrial.
Capacidad y tiempos de ejecución
Analistas del banco TD Cowen estiman que el acuerdo permitirá iniciar la construcción de al menos diez reactores de gran escala antes de 2030, con una potencia suficiente para abastecer a varios millones de hogares.
No obstante, el cronograma despierta dudas. Todd Allen, especialista nuclear de la Universidad de Míchigan, cuestionó la viabilidad del plan. “Con un plazo tan agresivo y una demanda global creciente, hay que preguntarse si existe una fuerza laboral suficiente para sostener todos estos proyectos simultáneamente”.
En promedio, una central nuclear en Estados Unidos requiere cerca de una década para completar su construcción, debido a la complejidad de los sistemas, los altos costos y el extenso proceso de autorización.
Regulación y cambio climático
Desde el sector ambientalista, Patty Durand, directora de la organización Georgians for Affordable Energy, advirtió que la aceleración de permisos podría omitir riesgos derivados del cambio climático. “Sequías extremas han obligado a reducir la potencia de reactores en Europa y Estados Unidos para evitar el sobrecalentamiento. Es un factor que debe considerarse desde el inicio del diseño”, señaló.
Por su parte, Patrick White, experto del Clean Air Task Force, defendió que una regulación eficiente no tiene por qué ser lenta. “Asegurar que el proceso regulatorio sea previsible y oportuno es beneficioso tanto para las empresas como para el público”, afirmó.
Un equilibrio difícil
El megaproyecto nuclear impulsado por Trump refleja el intento de Estados Unidos por reafirmar su liderazgo tecnológico y energético frente al crecimiento de la demanda eléctrica global. Pero también expone las tensiones entre la necesidad de acelerar inversiones estratégicas y la obligación de mantener controles rigurosos sobre una industria que no admite errores.
El éxito del plan dependerá de si el país logra avanzar en la expansión nuclear sin repetir los tropiezos del pasado, ni comprometer la seguridad que sustenta la confianza pública en una de las fuentes de energía más sensibles del planeta.
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