En las últimas semanas, el gobierno de Egipto lanzó una ofensiva contra creadores de contenido en TikTok, la mayoría adolescentes con millones de seguidores. Decenas fueron detenidos bajo acusaciones que van desde “violar valores familiares” hasta lavado de dinero. Las autoridades confirmaron múltiples arrestos, además de la apertura de al menos diez causas por supuestos ingresos ilegales. También dispusieron prohibiciones de viaje, congelamiento de bienes y el secuestro de dispositivos electrónicos.
Analistas señalan que esta ola de detenciones encaja en la estrategia del Estado para controlar el discurso público y regular la conducta en redes sociales, un espacio que durante años fue una alternativa a los medios tradicionales, fuertemente controlados por el gobierno.
En Egipto, las leyes de indecencia son tan vagas que un solo video catalogado como “inmoral” puede volver ilegal todo el ingreso económico del creador y llevarlo a enfrentar cargos por delitos financieros.
El caso de Suzy El Ordonia
El ejemplo más resonante es el de Mariam Ayman, conocida como Suzy El Ordonia, que con 19 años suma 9,4 millones de seguidores. El Ministerio del Interior la arrestó el 2 de agosto, y ahora enfrenta cargos por difundir contenido indecente y lavar US$ 300.000.
El Ministerio del Interior informó que la detención respondió a denuncias ciudadanas. En su último video, Suzy admitió que en ocasiones pudo haber insultado o hecho chistes de mal gusto, pero sostuvo que nunca buscó corromper a los jóvenes.
Como muchas adolescentes, Suzy comenzó subiendo rutinas diarias y maquillaje. Luego de hacerse viral, acumuló millones de visualizaciones mostrando comidas con amigos, bailes callejeros o viajes. También incluyó a su hermana con discapacidad intelectual, ayudando a visibilizar el tema en un país donde persisten estigmas.
Egipto y una campaña creciente que atenta contra usuarios de TikTok
La Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR) denunció que esta campaña se sostiene en un artículo ambiguo de la ley de ciberdelitos de 2018, que castiga la infracción de “principios familiares de la sociedad egipcia”. Según la organización, al menos 151 personas fueron acusadas bajo esa cláusula en los últimos cinco años.
La Fiscalía, además, alienta a la población a denunciar “contenidos ofensivos”, mientras el propio Ministerio del Interior administra una cuenta en TikTok desde la que comenta cientos de videos exigiendo a los creadores ajustarse a la moral oficial. En paralelo, usuarios intensificaron el acoso en redes, acusando a influencers de inmoralidad e incluso difundiendo rumores sin pruebas sobre supuestas redes de tráfico de órganos.
El alcance de la campaña se amplió. Ya no apunta solo a mujeres jóvenes, sino también a personas con creencias religiosas distintas o integrantes de la comunidad LGBT. Incluso se han investigado contenidos privados filtrados desde celulares.
Al respecto, TikTok afirma aplicar sus propias reglas de moderación y asegura haber eliminado más de 2,9 millones de videos en Egipto en su último informe trimestral. Sin embargo, la presión estatal sobre la plataforma y sus usuarios continúa sin dar tregua.
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