El presidente Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva que busca flexibilizar las regulaciones ambientales y de seguridad que, según la industria, frenan la competitividad de Estados Unidos en el espacio. La Casa Blanca sostiene que la política nacional es “impulsar la grandeza estadounidense en el espacio”. Para ello, plantea reducir los requisitos que condicionan los lanzamientos comerciales y la construcción de infraestructura, con el objetivo de promover un mercado más dinámico y lograr un incremento “sustancial” en la cadencia de operaciones comerciales hacia 2030. En esa línea, se propone eliminar o acelerar las revisiones ambientales necesarias para obtener licencias de lanzamiento y reingreso, e incluso introducir exclusiones específicas en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
La medida también ordena revisar la normativa vigente en la Parte 450 de la Administración Federal de Aviación (FAA), que regula la seguridad de lanzamientos y reingresos, considerada por las compañías privadas como excesivamente restrictiva.
El contexto: saturación de los puertos espaciales
La decisión se toma en medio de un crecimiento sin precedentes de lanzamientos comerciales y de seguridad nacional. La demanda es tal que Cabo Cañaveral y la base de Vandenberg, principales centros operativos de la Fuerza Espacial, se encuentran al límite de su capacidad.
La orden ejecutiva instruye además a los departamentos de Comercio, Defensa y Transporte, junto con la NASA, a identificar barreras que puedan frenar la construcción de nuevos puertos espaciales en tierras federales y que resulten “incompatibles con la ley federal”.
Entre las compañías más favorecidas aparece SpaceX, que desde hace años mantiene roces con la Administración Federal de Aviación (FAA) por las restricciones ambientales aplicadas a las pruebas del sistema Starship. A principios de este año, la agencia había suspendido vuelos de prueba durante dos meses tras el desprendimiento de escombros en el Caribe.

La mirada de los expertos ante la reducción de las regulaciones ambientales
Para Todd Harrison, investigador del American Enterprise Institute, la medida representa “un gran paso en la dirección correcta”. Además, considera que ayudará a la industria estadounidense a mantener ventajas sobre competidores internacionales. Aun así, advierte que el Consejo Nacional del Espacio —organismo clave para coordinar políticas espaciales en todo el gobierno— todavía carece de personal.
Esa falta de estructura, sostiene, puede complicar la implementación de la orden. “La reforma regulatoria no será prioridad para Comercio, Transporte o Defensa sin presión constante desde la Casa Blanca”.
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