El control estatal sobre internet en Rusia alcanza un nuevo nivel: la agencia de control Roskomnadzor bloqueó recientemente 56.000 sitios web en todo el país. La medida apunta contra páginas que se negaron a eliminar contenidos que el Kremlin considera “extremistas”. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, quién también respaldó una nueva legislación polémica que penaliza incluso la búsqueda de este tipo de material.
Aunque el funcionario aseguró que los usuarios comunes no deberían preocuparse, la ley encendió alarmas en medios independientes y organizaciones internacionales. Aprobada esta semana en tercera y última lectura por la Duma Estatal —el parlamento ruso—, más de 60 diputados votaron en contra del proyecto. Sin embargo, no alcanzó para frenar su avance.
Una ley que castiga incluso a quienes solo buscan información
La normativa establece sanciones para quienes busquen de forma intencional contenidos clasificados como extremistas, lo que incluye material crítico del gobierno ruso. Entre los señalados por esta etiqueta se encuentra el Fondo Anticorrupción fundado por el opositor Alexei Navalny, fallecido en febrero bajo custodia del Estado.
Incluso antes de su aprobación, la ley recibió duras críticas. Voces opositoras la calificaron como el mayor endurecimiento del control digital en años. Durante el debate parlamentario final, manifestantes se reunieron frente a la Duma Estatal en Moscú y se registraron varios arrestos.
Frente al rechazo social, el presidente del Parlamento, Vyacheslav Volodin, se mostró abierto a realizar cambios. Dijo que se necesita una implementación cuidadosa para evitar que “personas inocentes o profesionales que necesitan acceder a información como parte de su trabajo” resulten perjudicados.
Censura sobre cierre de sitios web y herramientas digitales: la nueva normalidad rusa
Desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania en 2022, la estrategia de Moscú para controlar el flujo de información se ha vuelto más agresiva. El cierre de sitios web se complementó con restricciones al uso de herramientas digitales. En algunos casos, los servicios en línea son tan limitados que se vuelven inutilizables sin una VPN.
Pero incluso las VPN están bajo la lupa: una reciente enmienda legal permite multar a quienes las promocionen públicamente. Así, el Estado cierra cada vez más las ventanas hacia fuentes de información externas, y consolida un ecosistema digital en el que la vigilancia, la autocensura y el aislamiento informativo parecen ser moneda corriente.
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