Por Andrés Pienizzio
¿Qué es el Plan Espacial Nacional?
El Plan Espacial Nacional es una política pública, consagrada normativamente. Este define el marco y precisa los objetivos estratégicos vinculados con el aprovechamiento del espacio ultraterrestre por parte de nuestro país.
Cuando, en los años 90, se disolvió la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) —vinculada a la Fuerza Aérea— y se creó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) —organismo de carácter civil—, se le otorgó a esta última el rol de diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar los proyectos y emprendimientos en materia espacial en el país. Entre estas funciones se encuentra la de redactar y proponer el Plan Espacial Nacional, y, una vez aprobado por el Poder Ejecutivo, encargarse de su administración y ejecución.
Este documento tuvo una primera versión aprobada por el Decreto 2076/94, que abarcó el período 1995-2006. Posteriormente, se realizaron dos revisiones. Una fue sancionada por el Decreto 1330/99, que cubrió el período 1997-2008; y otra aprobada mediante el Decreto 532/05, que comprendió los años 2004-2015. La versión inicial declaró a la actividad espacial como un área de prioridad nacional dentro del esquema científico-tecnológico. Luego, la versión de 2005 redobló la apuesta y estableció al desarrollo de la actividad espacial como una política de Estado.
Vale agregar, que el Plan Espacial Nacional no es únicamente un programa técnico. En realidad, también hace referencia al beneficio económico de las actividades espaciales, a los asuntos jurídicos y de cooperación con otros estados. Por último, también aborda la cuestión del presupuesto disponible para su implementación.
Las inconsistencias temporales
La existencia de diversas ediciones responde principalmente a un esquema de planificación temporal, dado que los desarrollos espaciales (satélites, vectores de lanzamiento, estaciones terrenas, etc.) deben extenderse a lo largo del tiempo debido a su complejidad tecnológica.
La metodología para las revisiones periódicas se encuentra en la última parte del Decreto 2076/94. Este establece que hay que revisar el plan cada dos años, extendiendo en cada oportunidad su alcance otro bienio en el futuro, de modo de contar siempre con un horizonte de al menos una década. En cada actualización, se debe evaluar y precisar las misiones futuras. En este proceso debe tenerse en cuenta los avances mundiales en tecnología espacial, la vigencia de nuevos conceptos y los logros alcanzados en los programas cooperativos realizados.
El principal problema es que las diferentes autoridades han utilizado este mecanismo de forma inconsistente. Esto se evidencia claramente al analizar los años de promulgación de los diversos decretos. Por ejemplo, en varias ocasiones transcurrieron más de dos años entre las revisiones del Plan Espacial.
Esta situación se agrava en relación con el último plan sancionado por el Decreto 532/05, que abarcaba el período 2004-2015. Debido a que, vencido este plazo, no ha sido sancionada a la fecha una nueva versión. Y esto ocurre a pesar de haber existido proyectos, incluso uno aprobado por el Directorio de CONAE, aunque rechazado luego por el Ejecutivo.
Los problemas presupuestarios y la falta de publicidad
Como se aprecia, actualmente no existe un Plan Espacial Nacional vigente. Sin embargo, se puede destacar que muchos de los principios se mencionan en los proyectos espaciales que aún están en desarrollo, como el satélite SABIA-Mar.
Como culpable, siempre podemos encontrar la falta de planificación presupuestaria. Puesto que, más allá de las expresiones de deseo sobre la sustentabilidad de las actividades espaciales y de los beneficios económicos que estas conllevan, lo cierto es que la CONAE —unidad ejecutora del Plan Espacial— no deja de ser un organismo estatal sujeto al otorgamiento de fondos por parte del tesoro nacional, los cuales, indefectiblemente, estarán atados a los vaivenes políticos. Asimismo, por el propio peso que tiene la agencia, lo que afecte a la CONAE afectará a todo el ecosistema espacial, tanto público como privado.
En este sentido, al analizar las leyes de presupuesto de los últimos años y la partida correspondiente a la CONAE, se advierte que hasta el año 2018 se hacía mención, en los considerandos, de la nueva versión del Plan Espacial Nacional para el período 2016-2027. Esto ya no sucede en el presupuesto del año 2019, donde solo se habla del mismo en forma genérica.
Algo curioso surge del estudio de los presupuestos de años posteriores. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto del año 2024 se hace referencia al cumplimiento de los objetivos del Plan Espacial. Allí se cita al Decreto 532/05; el que recordemos fijaba el plan para los años 2004-2015. En el proyecto de presupuesto del año 2025 esta referencia nuevamente se elimina y se habla del plan de forma genérica.
El diálogo con autoridades de la CONAE también ha sido infructuoso. Y no se ha brindado más información que la relativa a que se está discutiendo una nueva versión, aunque sin mayores precisiones
Por otro lado, el Estado también se ha resistido a los pedidos de Acceso a la Información Pública, a través del procedimiento establecido por la Ley 27.275, amparándose en el art. 8, inc. c, de la citada normativa: “Los sujetos obligados solo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: (…) c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”.
Perspectivas a futuro
La última novedad relevante relacionada con el futuro del PEN se encuentra en la publicación que festeja los 27 años de esta política pública. En esa cronología se menciona, aunque sin mayores detalles, que se está finalizando una nueva versión que, esta vez, abarcaría el período 2021-2030.
No obstante, esto se contradice con la información que, a la fecha, se encuentra en la sección del sitio oficial de CONAE dedicada al Plan Espacial Nacional. Este explica que “la versión preliminar del ‘Plan Espacial Nacional 2016-2027’ ha sido aprobada por el Directorio de CONAE y presentada al Poder Ejecutivo Nacional”. Aun así, se puede suponer que esto se debe a una falta de actualización del portal web gubernamental. En cualquier caso, es una discrepancia que se suma a todas las previamente señaladas.
Por otra parte, el cambio de gobierno aún no ha aportado señales evidentes sobre cuál será el destino de esta política pública. Tampoco aclara s iexistirá una nueva versión en la actual gestión, la cual, considerando el paso del tiempo, debería abarcar al menos desde el año 2025 en adelante.
Sin perjuicio de ello, cabe agregar que desde un comienzo ha sido clara la nueva alineación en materia de política exterior impulsada por el presidente Milei. Esta replica la agenda de EE.UU. en muchas áreas estratégicas. Así las cosas, el ingreso a los Acuerdos Artemisa, cristalizado en la gestión anterior, y las relaciones cercanas con Elon Musk y SpaceX, jugarán un rol primordial en la reformulación de la política espacial nacional
Sumado a esto, toda la polémica relativa a la Ley Bases permeó en el sistema espacial nacional. Por ejemplo, en un primer momento, se contemplaba expresamente la privatización de empresas estatales vinculadas al sector, como ARSAT y la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG); esta última controlada por la CONAE y encargada del desarrollo del cohete Tronador.
Estas iniciativas de privatización todavía circulan dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, seguramente, de haber una nueva edición del Plan Espacial, se contemplará un tipo de relación diferente entre los entes privados y públicos que componen el complejo científico-tecnológico espacial. Solo el tiempo lo dirá.
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