Argentina ya tiene Presupuesto 2026, aprobado mediante la Ley 27.798, promulgada el 31 de diciembre de 2025 por el Decreto 932/2025. Sin embargo, en lo que respecta al financiamiento espacial, no existe una única partida presupuestaria. La inversión pública se reparte entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) —que lidera el programa espacial civil—, ARSAT, otras asignaciones vinculadas a infraestructura tecnológica del Estado, y algunos desarrollos de defensa.
El resultado es un presupuesto con recursos limitados en dólares y la mayor parte de la inversión concentrada en pocas iniciativas. En este artículo, repasamos qué proyectos absorben esos fondos y cuáles son los programas que quedan relegados.
CONAE y la línea dura del presupuesto
El Presupuesto 2026 asigna a la CONAE (Entidad 106) $42.014 millones en gastos totales, de los cuales $21.269 millones son gastos de capital, que incluyen fundamentalmente bienes de uso e infraestructura. Tomando como referencia el tipo de cambio oficial proyectado por el propio presupuesto para fines de 2026, de 1.423 pesos argentinos por dólar, esos valores equivalen a unos US$ 30 millones y US$ 15 millones, respectivamente.
En comparación, el Presupuesto 2025 para la misma agencia fue de $51.033 millones de gastos totales y $30.662 millones de gastos de capital. Aún antes de considerar la evolución de precios, el recorte nominal es grande. Y si se incorpora la inflación del 10,1% anual, la pérdida se profundiza.
En términos reales, entonces, el crédito total de la CONAE cae alrededor de 25% y la inversión se reduce cerca de 37% frente a 2025. Esto es fundamental porque la agencia espacial no vive solo de sueldos y gastos operativos. La capacidad de sostener satélites, estaciones terrenas, centros de control y desarrollos futuros depende de cuánto capital sobreviva al recorte.
El segmento satelital, fragmentado
Actualmente, Argentina tiene en órbita cuatro satélites operativos: los SAOCOM 1A y 1B, de observación terrestre, y los ARSAT 1 y 2, de telecomunicaciones. Además, cuenta con otros dos desarrollos de gran complejidad científica en curso: mientras la CONAE avanza con la misión de observación SABIA-Mar, ARSAT avanza con el satélite geoestacionario ARSAT-SG1.
Por otro lado, en una etapa más temprana de diseño preliminar, aparece SARE, un programa de la CONAE orientado al diseño de satélites livianos bajo el enfoque de arquitectura espacial segmentada.
El Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) 2026-2028, el instrumento que detalla los gastos de capital dentro del Presupuesto, establece para SABIA-Mar unos $12.686 millones en 2026, equivalente a US$ 8,9 millones. Más bajo, pero con señal de continuidad, SARE obtiene $3.258 millones, equivalente a US$ 2,3 millones.
La lectura de estas cifras debe hacerse en contexto. Unos US$ 8,9 millones son extremadamente acotados en el marco de un satélite estimado en unos US$ 100 millones totales. Sin embargo, el SABIA-Mar ya se encuentra en una etapa avanzada de integración, con ensayos ambientales de conjunto por delante y un lanzamiento proyectado para 2026.
En lo que respecta al SARE, la iniciativa se encuentra en su etapa inicial, por lo que US$ 2,3 millones se leen como un esfuerzo de continuidad mínima. El proyecto no avanzará significativamente, pero por lo menos tampoco se congelará.
La situación con ARSAT es distinta. El PNIP establece para ARSAT-SG1 un monto de $7.946 millones en 2026, equivalente a US$ 5,6 millones. Este número, sin embargo, aumenta en los años siguientes: $81.456 millones (US$ 57,2 millones) en 2027 y $29.788 millones (US$ 20,9 millones) en 2028. Aparentemente, durante el 2026 el plan vuelve a ser de subsistencia, mientras que los años siguientes llegan con gran esfuerzo presupuestario.
Aquí vuelve a ser necesaria una lectura a escala. El ARSAT-SG1 está estimado en unos US$ 265 millones y, según estimaciones no oficiales, ya se habría desembolsado un 50%. En esta instancia, entonces, una cifra de US$ 80 millones es determinante y marca claramente la apuesta a todo o nada por el proyecto.
Infraestructura operativa: estaciones y centros de control
Aunque el debate público suele girar alrededor de lanzar satélites o cohetes, el espacio también se sostiene mediante infraestructura: estaciones terrenas, centros de control, actualizaciones de equipos y servicios de soporte y mantenimiento. Si bien no es la línea más llamativa del sector, no puede desfinanciarse, puesto que se paga en degradación de capacidades.
En ese plano, el PNIP incluye un apartado para equipamiento de CONAE asociado a estaciones terrenas y servicios tecnológicos, por un valor de $1.881 millones, euivalente a US$ 1,3 millones. Esta cifra representa menos del 10% del gasto de capital total de CONAE en 2026, por lo que también tiene tinte de supervivencia y de mantenimiento operativo.
La comparación internacional también es útil. En New Norcia, Australia, la construcción de una antena de espacio profundo de 35 metros para la red de la Agencia Espacial Europea (ESA) tuvo un presupuesto de unos US$ 50 millones en 2021. La infraestructura completa, incluyendo las obras del sitio y tareas de upgrade, se estimó en unos US$ 70 millones totales. Argentina, de hecho, aloja una antena de esa clase en Malargüe (DS3).
En este contexto, es evidente que el presupuesto no contempla nuevos proyectos. Incluso para operación, el margen es estrecho, puesto que la reposición de componentes críticos en una estación puede demandar montos que facilmente superan esa cifra anual.
Acceso al espacio: el proyecto Tronador II y los cohetes de la Fuerza Aérea
El segmento de acceso al espacio es históricamente el más llamativo y costoso y, este año, también el más relegado o difuso.
En el plano civil, el Tronador II obtiene $1.271 millones para 2026, equivalente a US$ 893.000. Es dificil categorizar esta inversión, puesto que este lanzador lleva varios años de desarrollo y vuelos de prueba, a través de la familia de vehículos experimentales VEx, y no se sabe bien en qué etapa se encuentra. De cualquier forma, es un monto insignificante para cualquier programa acceso al espacio, que permitirá únicamente la supervivencia mínima.
De hecho, en 2025, fuentes cercanas a VENG, la compañía nacional responsable de su desarrollo, admitieron en conversaciones con Espacio Tech que el capital para el programa era demasiado acotado y que solo permitía continuar ensayando algunos sistemas y componentes críticos, como los motores MT-B.
En el plano de defensa, el Programa MET de la Fuerza Aérea, que realizó dos vuelos de prueba en 2025, no figura explícitamente en el PNIP 2026-2028. Lo más probable es que ese esfuerzo esté embebido en partidas de I+D o programas de defensa. Aun así, las comunicaciones oficiales que acompañaron los ensayos proyectaron una línea de continuidad y fortalecimiento de capacidades.
Proyección 2026: un año de transición con una apuesta diferida
El Presupuesto 2026 deja una conclusión agridulce. La política espacial pública aparece financiada de manera fragmentada y con un margen acotado. En el caso de la CONAE, el volumen total resulta limitado para un sector que depende de componentes importados, integración compleja y contratos de largo plazo.
La contracara es ARSAT, con ARSAT-SG1 que tendrá continuidad y desarrollo, pero con la inversión fuerte puesta en 2027-2028.
En este marco también se hace visible el verdadero valor del ecosistema científico-tecnológico: con bolsillos profundos desarrolla cualquiera. Un mayor financiamiento aceleraría cronogramas y reduciría incertidumbre, pero la innovación también se mide en la eficiencia. Resolver problemas complejos con recursos limitados, sin perder estándares técnicos ni autonomía, es la verdadera magnitud de medida de la capacidad técnológica.
De todos modos, 2026 será el año en que se defina algo más importante que una suma financiera. La comunidad científica y tecnológica ya demostró tiene la capacidad para que Argentina apunte al espacio. Ahora, es el Estado quien debe decidir si busca quiere convertirlo en una política industrial sostenida, o si se conforma con administrar una continuidad mínima.
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